Por ello, en Enfoque de los Sábados de RPP Noticias, se dieron cita el congresista Daniel Mora, titular del citado grupo de trabajo e impulsor de esta norma, así como autoridades universitarias y expertos en el tema, quienes expusieron sus puntos de vista sobre esta controversia.

Mora cuestionó que se haya personalizado la ley con un afán -según él- de desprestigiarla. Además, aseguró que hay “intereses contrapuestos” en el tema, razón por la cual hay críticos contra el dictamen.

“Cuando no se puede discutir con argumentos, se apela al insulto de la necedad. Apelan que es una ley militar porque el que habla es militar, y soy en la votación solo un voto. Uno de 17”, comentó.

“La ley es fruto de consultas a muchos expertos nacionales e internacionales. La han personalizado (la ley) con el afán de desprestigiarla”, añadió.

El legislador reconoció que el tema más polémico de la ley es la creación de la Superintendencia de Educación Universitaria, que debe fiscalizar la calidad de las casas de estadio. Sin embargo, acotó que este estamento está avalado en un fallo del Tribunal Constitucional.

“El 2010 salió una sentencia del Tribunal Constitucional frente a las deficiencias que tiene la ANR y el Conafu. A raíz de esa sentencia, dispone que el Congreso elabore una norma que cree una superintendencia que permita evaluar y supervisar a las universidades”, sentenció.

A su turno, José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación superior (FIPES), cuestionó la norma al asegurar que esta superintendencia está “adscrita al poder político”.

“Esta superintendencia va a tener transformarse a una institución policiaca. (…) Estamos de acuerdo en que el sistema universitario tiene que transformarse, tiene que haber un sistema de organización, un organismo autónomo técnico, un organismo que no esté adscrito al poder político”, afirmó.

En ese sentido, dijo que la FIPES plantea la creación de un organismo “técnico autónomo”que tenga las funciones de creación de universidades y filiales, de evaluación de la calidad “y debe mantener a la ANR como coordinadora académica”.

En la misma tónica, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Aurelio Padilla, criticó la nueva Ley Universitaria, tildándola de “irracional e intervencionista”.

“Hay una serie de cosas malas de fondo y forma. Hay cosas irracionales, cosas obsoletas también. En el fondo, atenta contra la autonomía universitaria, es intervencionista, gener
ará caos, es amenazante, amenaza a los estudiantes, a los profesores, a las autoridades, contra derechos fundamentales adquiridos”, explayó.

Diferente opinión tiene Manuel Burga, exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien recordó que la ley anterior, que data del año 1983, “produjo un debilitamiento de la universidad pública, porque  fomentó la politización, el desgobierno y la ineficiencia”.

Además, opinó que la regulación en el país no es una novedad, destacando ejemplos de ello en el sector de las comunicaciones, en los combustibles y hasta en la banca y seguros.

“En la banca y seguros, justamente (el regulador) se llama Superintendencia. Y los bancos no se quejan de que han perdido autonomía. Creo que todos los ciudadanos necesitamos ese órgano regulador”, apuntó.

Finalmente, el docente Ricardo Cuenca, investigador del IEP, estimó que la nueva Ley Universitaria  llama la atención al Estado “porque ha habido un descuido para ayudar a fortalecer las universidades públicas”.

“Pero también esta ley es un llamado de atención, para decir que el mercado en el caso de educación no puede regular la calidad”, mencionó.

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Ipsos Perú elaborado el ranking en base a un encuesta entre mil empresas. (Difusión)